La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, semFYC, solo puede expresar su máxima inquietud ante las 200 plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria que han quedado desiertas este año. La especialidad es la más perjudicada en el reparto de vacantes: de las 217 que han quedado sin cubrir, solo 17 no son de esta especialidad.
Con datos generales, de las 2.336 plazas de MIR de Medicina de Familia se han cubierto 2136, lo que significa que se han quedado sin cubrir el 8,56% de las plazas de Medicina Familiar. Ante la situación de grave crisis en la que se encuentra la Atención Primaria en nuestro país, estas renuncias no harán sino agravar aún más la situación de este nivel asistencial.
El escenario es preocupante en algunas Comunidades Autónomas, donde se corre el riesgo de que algunos centros de salud pierdan una promoción de MIR. Esta crisis de vacantes ha afectado más a unas comunidades que a otras: las más perjudicadas han sido Cataluña, Castilla y León y Extremadura. En la primera, las plazas desiertas ascienden a 71 (sobre las 270 ofertadas, un 19.19%); mientras que en Castilla y León, las plazas desiertas de MFyC ascienden a 45 (sobre 161 plazas, un 27.95%); y en Extremadura, hay 40 plazas sin cubrir (de las 98 ofertadas, un 40.82%).
Las otras comunidades en las que han quedado plazas vacantes son: La Rioja (7 sobre 22; 31,83%), Cantabria (7 sobre 37; 18,92%), Asturias (10 sobre 62; 16,12%), Navarra (5 sobre 40; 12,5%), Galicia (9 sobre 142; 6,34%), Aragón (4 sobre 75; 5,33%), y Andalucía (2 sobre 410; 0,48%).
Las únicas comunidades que han conseguido agotar todas sus plazas de Medicina Familiar han sido Madrid, País Vasco, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla, Murcia y la Comunidad Valenciana. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento especialmente crítico para la Medicina Familiar y Comunitaria, ya que se trata de una de las especialidades más envejecidas del SNS, con la mayor proporción de profesionales mayores de 60 años (33,2%, uno de cada tres) así como de 50 años o más (60,2%). Los datos de la pirámide de edad señalan que en los próximos 5 años se jubilarán 12.034 médicos. Con una tasa de reemplazo que anualmente no supera los 2.000 nuevos jóvenes médicos de familia, la actual coyuntura pone en riesgo la viabilidad del Sistema Nacional de Salud para poder responder adecuadamente a las necesidades de salud de la población española.
Desde la semFYC hemos denunciado que los motivos de estas renuncias a las plazas MIR están relacionados con: En primer lugar, la invisibilización de la especialidad durante la pandemia de COVID19, siempre narrada desde los datos de la atención hospitalaria y los ingresos en las unidades de UCI, sin tener en cuenta la actividad asistencial desarrollada por los profesionales de Atención Primaria.
Esto ha supuesto una mayor invisibilización del valor social que aportan los y las profesionales que trabajan en este nivel asistencial, desvirtuando la verdadera actividad asistencial, que se ha vivido como una falsa bunkerización de los centros de Atención Primaria cuya actividad global en datos absolutos aumentó durante la pandemia.
En segundo lugar, la dramática precarización que la especialidad viene soportando en las últimas décadas ha afectado la visión de perspectiva de desarrollo profesional de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. A la infrafinanciación crónica y mantenida de este nivel asistencial se debe añadir la ausencia de innovación organizativa por parte de las administraciones, así como la pésima política de gestión de recursos humanos.
En tercer lugar, también contribuyen a la baja estima de la especialidad las numerosas Administraciones que publican ofertas de plazas laborales de Medicina Familiar y Comunitaria dirigidas a graduados en medicina sin especialidad vía MIR. El Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 no hizo sino subrayar el deterioro. Lo hizo al introducir “la posibilidad de que las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria puedan contratar personas que, contando con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, carezcan del título de Especialista reconocido en España, para realizar funciones propias de una especialidad”.
Este asunto ya ha sido denunciado por la semFYC en numerosas ocasiones por suponer un riesgo real, tanto para la seguridad asistencial para los/las pacientes, como para los propios médicos especialistas que, por otro lado, ven su especialidad infravalorada.
Sin embargo, el elevado volumen de vacantes registradas este año también se puede explicar por la escasa presencia de la especialidad en las Facultades de Medicina y los programas de grado de Medicina. Desde la semFYC hemos constatado que, además de la precariedad, la invisibilización y el desprecio, los futuros médicos y médicas pueden no estar eligiendo MFyC debido a que es una especialidad sin presencia significativa en la universidad: lo que no se conoce, no se elige.
La MFyC cuenta con escasa presencia en los temarios de las facultades; de querer equipararnos a las Facultades de Medicina de países europeos, en España sería necesario que la Medicina de Familia y Comunitaria estuviese presente en el grado, así como que fuese una asignatura obligatoria impartida por especialistas de dicha especialidad en todas sus facultades.
Por todo ello, desde la semFYC también solicitamos como medida complementaria, el reconocimiento de la especialidad de Medicina de Familia como Área de Conocimiento en las universidades, como paso previo a la creación de Departamentos de Medicina de Familia en las Facultades de Medicina.
Ya por último, es necesario modificar los criterios de acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en Ciencias de la Salud, dando mayor peso a la actividad asistencial en conjunción con la investigadora y docente.
Desde la semFYC pedimos a las Administraciones y Universidades implicadas que implanten un plan de medidas urgentes para impulsar una discriminación positiva efectiva hacia la especialidad.
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