Resumen
Existen múltiples documentos que estudian el efecto positivo que tiene el aumento de la cobertura sanitaria sobre la salud. Sin embargo, este artículo, publicado en septiembre de 2018, fue el primero en evaluar el impacto sobre la mortalidad de las restricciones de acceso a los sistemas de salud públicos y sus conclusiones podrían suponer en la actualidad el punto de partida para el cambio en el manejo de la cuestión migratoria.
En España, antes de 2012, la cobertura del sistema sanitario era universal. La población inmigrante indocumentada tenía derecho a los mismos servicios que la población con nacionalidad o situación regularizada, con el único requerimiento de constar empadronados en un municipio.
Con el objetivo de ahorrar recursos y disuadir el turismo sanitario, se proclamó el Real Decreto-ley 16/2012, donde se establecía que los inmigrantes necesitaban un permiso oficial de residencia en España para poder garantizar su acceso al sistema sanitario de forma gratuita, salvo en tres excepciones: urgencias, menores, embarazo, parto y posparto. Desde su implantación, se han retirado al menos 873.000 tarjetas sanitarias a extranjeros residiendo en España en condiciones de no-legalidad.
Para la obtención de datos y teniendo en cuenta que los registros de mortalidad nacionales no proveen de información sobre la situación administrativa de los inmigrantes, los autores tuvieron que realizar varios cálculos y extrapolaciones para aproximar los datos (Figura 1).
La reforma ha fomentado un aumento de la tasa de mortalidad de los inmigrantes indocumentados (Figura 2). Antes de su implementación existía una leve tendencia decreciente, coincidente con la crisis económica iniciada en 2008 (consistente con las reducciones de mortalidad durante las recesiones económicas descritas en la literatura). Tras la reforma, la mortalidad de los inmigrantes indocumentados revierte la tendencia decreciente e inicia un ascenso que ha supuesto un aumento mensual de la tasa de mortalidad de 0,69 muertes/100.000 personas, correspondiendo a un incremento del 16% respecto a las cifras pre-reforma, hecho que implica unas 162 muertes adicionales por año.
En el año de introducción de la reforma, las tasas de mortalidad aumentaron significativamente en un 9,15% y durante el primer y segundo año después de su implantación, en un 15,77 y 36,6% respectivamente. Por tanto, hay razones para creer que los efectos a largo plazo serán aún más llamativos.
Juanmartí Mestres, A; López Casasnovas, G.; Vall Castelló, J. The deadly effects of losing health insurance. 2018. CRES-UPF Working Paper #201802-104.
https://www.upf.edu/documents/3329791/0/CRESWP201802104.pdf/5d15cc11-7ed5-bef6-e9e7-aa53a30005e9
Alba Pons Revuelta y Helena Abadín Cardedo
Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud de AGAMFEC
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