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7 DE OCTUBRE DE 2020 El 40º Congreso Nacional y el Virtual de la semFYC, iniciado el 15 de septiembre, se clausuró anoche, 6 de octubre, constituido como espacio para la reflexión de la especialidad de Medicina de Familia y la situación de la Atención Primaria, eje de las sesiones inaugurales y de la clausura del congreso. Precisamente, en el acto de clausura se han dado a conocer los resultados de una encuesta sobre la presión asistencial a la que se ven sometidos los especialistas que trabajan en Atención Primaria. Por otro lado, las 17 sociedades médicas que constituyen la federación semFYC, han analizado el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, mostrándose abiertamente en contra de las medidas tomadas. La presión asistencial con la que se encuentran ahora los Médicos de Familia que trabajan en Atención Primaria es consecuencia no sólo del déficit de profesionales y de años de subfinanciación, sino también de una mala gestión de los recursos sanitarios de este nivel asistencial. Tras el periodo de confinamiento, en el contexto de la pandemia COVID hubo que reorganizar toda la actividad asistencial: era necesario recuperar la atención a los paciente con enfermedades agudas y crónicas, y asegurar la atención a aquellos con sospecha de padecer la enfermedad por coronavirus. “Para ello era preceptivo establecer medidas de seguridad que minimizaran el riesgo de contagio para los pacientes y para los profesionales. Las salas de espera se vaciaron, se establecieron circuitos de pacientes con sospecha de COVID y NO COVID, se redujo el desplazamiento de los pacientes para procedimientos administrativos y se planificó la atención en consulta en dos modalidades: presencial y no presencial”, explica Salvadro Tranche, presidente de la semFYC, para quien “el objetivo era y es la seguridad de los pacientes y los profesionales”. Para analizar qué ha sucedido, la semFYC diseñó una encuesta sobre la actividad asistencial correspondiente a la última semana de agosto y que ha sido cumplimentada por 1.461 médicos de familia que trabajan en Atención Primaria a lo largo de todo el territorio, que presentó anoche en la clausura del Congreso. Los resultados de esta encuesta ponen luz sobre la presión asistencial que están soportando las y los médicos de familia que trabajan en Atención Primaria. Los datos apuntan a que los médicos de familia realizaron unas medias diarias de actividad asistencial de:
En total, y si un médico de familia funcionase como un robot, estaría prestando asistencia médica ininterrumpida alrededor de 8 horas y 23 minutos y atendiendo a 42 pacientes diarios. Pero esta situación no es uniforme en todo el territorio y así, para ese período y siempre, según la encuesta realizada por la semFYC, los médicos de determinados centros de salud, en concreto de las CCAA de Madrid, Extremadura o Comunidad Valenciana llegaron atender (cada uno de ellos) a 65-70 pacientes diarios. Por otra parte, si analizamos específicamente la actividad en la consulta de respiratorio, que suele ser rotativa entre los distintos médicos de un centro de salud, las y los médicos señalan que pueden estar visitando presencialmente una media de 37 pacientes semanales de respiratorio. Para poner en contexto estas cifras, se han comparado con los datos de actividad asistencial registrados estadísticamente en el Ministerio de Sanidad. En un año ‘normal’ como 2018 los médicos de familia de Atención Primaria llevaron a cabo en ese año algo más de 199 millones consultas. Esto es, que cada médico realizó 27,3 actos médicos al día, de media, lo que representan cerca de 7 horas de asistencia médica diaria. A estos hay que añadir 3 actos médicos urgentes de media, por médico, y alcanzando un total de 30 y 31 actos médicos al día. Eran datos de un año normal, en el que, sin embargo, ya se denunciaba precariedad asistencial. Respecto a los datos de 2018, en agosto de 2020, se registró un aumento medio del +32% de la actividad asistencial. Sin embargo, en aquellos casos en los que se han estado registrando 60-70 consultas diarias por médicos de familia, el aumento de la presión asistencial podría situarse por encima del +100%, esto es doblar la actividad. // Vía telefónica con expectativa de inmediatez Uno de los motivos de este excedente de trabajo tiene que ver con que los gestores insistieron en que los equipos de Atención Primaria tuvieran todas sus vacaciones durante el periodo estival, para hacer frente a una probable nueva ola de COVID19 en otoño, al que se le sumaría el periodo propio del virus de la gripe. Pero al mismo tiempo que los facultativos se veían obligados a coger vacaciones, se comprobó que las ciudades no quedaron vacías como en años anteriores; y que el mundo rural amplió su población, provocando que la presión asistencial para los médicos de familia haya sido alta en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito rural como en el urbano. // Las sociedades científicas de la semFYC, en desacuerdo con el Real Decreto-ley 29/2020 Las 17 sociedades científicas que constituyen la federación semFYC y representan a sus 20.000 socios se han manifestado en clara oposición al Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Y lo han hecho a través de un manifiesto en el que, en primer lugar, hacen alusión a “la irregularidad social que entraña emplear un mismo documento legal para normativizar alrededor de dos cuestiones tan dispares como son el teletrabajo por parte del cuerpo de las Administraciones Públicas, en general; y los procedimientos de contratación de personal sanitario (y por tanto especializado), en particular”. Por otro lado, las sociedades científicas aclaran en el manifiesto que en ningún momento se ha tenido en cuenta a los profesionales a la hora de negociar el citado Decreto Ley, como demuestra el hecho de que “ningún representante de Presidencia, ni del Ministerio de Sanidad haya atendido las demandas de las numerosas organizaciones médicas que han manifestado su oposición al Real Decreto. Entendemos, por tanto, que no hay voluntad política de respetar a los especialistas en Medicina y asumimos que la comunidad médica y sanitaria debe asumir el texto como una imposición política sobre los profesionales que sostienen la salud de los ciudadanos de todas las comunidades autónomas en esta terrible pandemia”. Y eso a pesar de que en el texto normativo se señala: “La redacción contenida en este real decreto-ley es fruto del diálogo fluido entre las distintas Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales, ejemplo de cogobernanza en una administración pública multinivel”. // Una ley que supone el deterioro de la calidad asistencial Los médicos de Atención Primaria llevan tiempo solicitando el incremento y la mejora de los recursos humanos de este nivel asistencial, por medio de la elaboración y asignación de presupuestos finalistas destinados a optimizar la cartera de servicios que se ofrece. Por este motivo entienden que “la contratación de profesionales sin especialidad incumple estos criterios dado que suponen un claro deterioro de la calidad asistencial, conllevan un riesgo para la seguridad clínica de los pacientes y de los profesionales en ejercicio. Entendemos que, en muchos de estos casos, se puede tratar de jóvenes con sus estudios recién terminados que, debido a una exposición del calibre que está suponiendo la epidemia de COVID19 pueden cometer errores que pesarán legalmente en su futuro desarrollo profesional. Este tipo de iniciativas y otras que hemos observado durante el abordaje de la crisis de la COVID19 por parte de gestores y políticos está señalando a toda una generación de médicos”. Finalmente, la aplicación de la fórmula del Real Decreto-ley supone un intento de regularizar y normativizar una práctica denunciada en repetidas ocasiones, puesto que “vulnera la normativa de la UE, orgánicamente superior”.
Ante esta situación, además, la semFYC entiende que la aprobación por parte del Gobierno de este Real Decreto:
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