Ocho meses después, la segunda ola de la Covid-19 vuelve a causar un imparable aumento del número de contagios y fallecidos, a sacudir la vida de las residencias de personas mayores, a llevar al límite al personal sanitario y a poner contra las cuerdas al sistema público de salud. Este escenario, como denuncian hoy las veinticinco organizaciones que conforman la alianza Más Sanidad Pública y Universal, tiene su origen en la inacción de los poderes públicos, incapaces de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.
Mediante cuatro protagonistas reales, la campaña pone nombre y rostro a profesionales y pacientes víctimas de la Covid-19 que miran a la cara a los políticos reclamando decisiones que mitiguen los efectos de esta segunda fase de la crisis.
La campaña ‘Dar la cara por la Sanidad’ pone nombre y rostro a diferentes profesionales y pacientes víctimas de la Covid-19 y pide a los representantes políticos que les miren a la cara y les expliquen por qué no han puesto en marcha acciones que amortigüen los efectos de esta segunda fase de la crisis. Sus protagonistas son personas como María José, cuyo padre de 91 años contrajo la enfermedad el pasado mes de marzo. Al llamar al hospital, le advirtieron de que estaban desbordados y su padre no quiso ir por miedo a morir solo. Finalmente, falleció en casa sin que llegaran a hacerle un test para confirmar el diagnóstico y sin recibir la máquina de oxígeno que le habían prometido desde el centro hospitalario.
Son personas como Esther, enfermera, que durante la primera ola trabajó en un gimnasio habilitado con camas para pacientes con Covid-19 porque no había sitio en las UCI, usando trajes improvisados con bolsas de basura como única protección. Hoy vuelve a estar en primera línea, viendo día a día cómo la moral de sus compañeros y compañeras y la suya propia se va resquebrajando por la falta de personal, recursos y material. Una experiencia muy similar a la de Elena, médico especializada en enfermedades tropicales, que recuerda la incertidumbre ante la llegada de los primeros pacientes de Covid-19 a su hospital, sin protocolos ni conocimiento suficiente sobre el virus, y las jornadas maratonianas sin descansar más de cuatro horas seguidas. Ahora, la desconfianza en la gestión política y el hartazgo es total, asegura.
O personas como Orquídeo, que perdió su empleo en la hostelería, se contagió y debido a sus patologías previas acabó en la UCI. Ahora, a pesar de haberse recuperado, sigue esperando en una lista por una operación del corazón que no parece llegar.
Hemos analizado los presupuestos para Sanidad
Estas historias ponen rostro a las consecuencias que está teniendo la pandemia. Desde su inicio, las organizaciones de la alianza han propuesto una serie de recomendaciones para reforzar el sistema sanitario público y hacer frente a la crisis sanitaria. Lo hicieron durante el trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, y lo volvieron a hacer hace tan solo unas semanas cuando enviaron un documento al Gobierno con propuestas para hacer frente a esta segunda ola de la pandemia. Los presupuestos generales, que estos días se negocian en el Congreso de los Diputados, recogen tímidos avances en esta materia pero, según la alianza, todavía siguen siendo insuficientes.
Buena muestra de estos avances es el aumento de la partida de Sanidad que irá destinado a materias clave, como el refuerzo de la atención primaria con 1.089 millones de euros; la adquisición de vacunas frente a la Covid-19, a la que se destinan 1.011 millones; o la renovación de las tecnologías sanitarias, que contará con 400 millones de euros.
Sin embargo, dejando a un lado los fondos europeos —que tienen carácter extraordinario— y el aumento de 49,5 millones de euros del presupuesto de MUFACE (organismo público que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios, entre ellas, la sanidad), esta cuantía supone solo un incremento de 64 euros por habitante al año, muy lejos de los 1.000 que viene reclamando la alianza. Una cifra, recuerdan las organizaciones, que situaría a España en la media del gasto sanitario de los países de nuestro entorno y que ayudaría a recuperar una sanidad pública de calidad.
La responsabilidad de las autonomías en la distribución de los fondos
También advierten de que uno de los principales escollos se encuentra en la partida que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y que supone más del 80% del gasto público total. Al tratarse de fondos no finalistas, el destino de estas partidas es responsabilidad de los gobiernos regionales a través de los presupuestos autonómicos, algo que puede generar una desigualdad enorme entre las comunidades en función de cómo decidan distribuirlas cada una de ellas. En ese sentido, la alianza reclama que se establezcan mecanismos de financiación finalista que garanticen que los nuevos fondos van destinados a las áreas clave.
Asimismo, las organizaciones respaldan la exención de los copagos a nuevos colectivos de personas vulnerables, ya que acabar con esta barrera disminuirá significativamente el número de pacientes que no pueden acceder a sus medicamentos por problemas económicos.
Según las entidades de la alianza, estos presupuestos mejoran los anteriores, pero siguen siendo insuficientes para devolver a la Sanidad al lugar que le corresponde como pilar fundamental del Estado social. Es necesario, añaden, un mayor incremento de la financiación acompañado, además, de la urgente reforma de la política farmacéutica y de medidas que aseguren el blindaje frente a las privatizaciones y una potenciación real de la Atención Primaria. Solo así, concluyen, podremos acabar con los problemas estructurales que afectan a la sanidad española y hacer frente a esta y a futuras pandemias.
Organizaciones firmantes
Médicos del Mundo, Salud por Derecho, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), Consejo General del Trabajo Social, Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV), FACUA, Coordinadora Andaluza en Defensa de la Sanidad Pública, Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada, Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea (Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra), A voz da Sanidade de Cangas, Plataforma Garanticemos las Pensiones, Mayores de Getafe, ARI-Perú, Red Transnacional de Mujeres (Network Woman), Red Acoge, Medicusmundi, Plataforma Salud Universal de Aragón, Plataforma de Salud Mental de Aragón; Federación de Planificación Familiar Estatal.
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