La llegada de las primeras vacunas COVID-19 ha provocado en la ciudadanía una intensa inquietud. Conseguir que la población esté correctamente informada es un reto en el que nos jugamos mucho. Sobre todo si tenemos en cuenta que si el 10-15% de la población rechaza la vacuna, la cobertura podría ser insuficiente y alejarnos de la inmunidad colectiva.
Las principales dudas de la población y algunas claves para responderlas es el tema del editorial de la revista Comunidad del número del segundo trimestre de 2021. Y es que, como se indica en este texto, “la población no solo demanda información, sino también ejemplos vivenciales por parte de sus referentes sanitarios para poder tomar una decisión fundamentada”.
Las principales cuestiones relacionadas con la vacuna que inquietan a los ciudadanos son: su seguridad; la posibilidad de que produzca alergias; su eficacia; cuándo llegará el momento: y su obligatoriedad.
Nunca antes se había tardado tan poco tiempo en conseguir una vacuna. Y eso provoca cierta inseguridad en la población. Por eso es importante informar, y hacerlo bien, que ninguna de las vacunas contra la COVID-19 contiene el virus vivo, por lo que la vacunación no provoca la enfermedad.
Una reacción alérgica grave es una de las mayores preocupaciones que produce la vacunación. Pero hay que recordar que ninguna de ellas contiene trazas de huevo o antibióticos. Por eso, la única contraindicación absoluta es para personas con una historia de reacción alérgica grave a algún componente de estas sustancias.
Todas las vacunas autorizadas en España contra la COVID-19 son altamente efectivas. En cualquier caso, son más seguras que la posibilidad de enfermar gravemente y morir como consecuencia del contagio. Pero es que además, hay que transmitir a los pacientes que la vacunación no solo protege a quien se la pone, sino que indirectamente, también protege al resto de la población, y en particular a los más vulnerables.
Las vacunas estarán disponibles de una manera progresiva, pero hay que priorizar su administración según el riesgo de exposición, de transmisión y de enfermedad grave, así como el impacto socioeconómico de la pandemia en cada grupo de población. En cualquier caso, no parece haber motivos de alarma ante la posibilidad de que no haya dosis para toda la población.
En España, la vacunación contra la COVID-19 no es obligatoria, ni siquiera para los trabajadores sanitarios. Aunque es evidente que para tener una protección adecuada frente a la enfermedad hay que vacunarse y es necesario que sea mayoritaria. En este sentido, los profesionales de Atención Primaria debemos argumentar la ética y el compromiso social como valores fundamentales para que nadie se niegue a recibir las dosis pertinentes del fármaco.
En definitiva, el mensaje que los ciudadanos deben recibir de los sanitarios es que “las vacunas funcionan, son seguras y sus beneficios superan ampliamente los riesgos identificados”.
Para poder informar con mayor precisión, la editorial de la revista Comunidad cuenta con una tabla en la que se indican los principales aspectos sobre eficacia, seguridad y forma de administración de las vacunas contra la COVID-19 autorizadas en España.
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